A través de un nuevo Policy Brief, académicos de esta casa de estudios, en colaboración con la Universidad de Concepción, proponen la evidencia científica y la participación ciudadana como ejes principales para el desarrollo sostenible de Chile.
“Co-creación de conocimiento para minimizar impactos socio-ambientales y viabilizar la inversión: nueva normativa aplicable a una desalinización sustentable”, es el nombre del nuevo Policy Brief lanzado por académicos y académicas de la Casa de Bello y la Universidad de Concepción.
El documento fue coordinado por la Unidad de Redes Transdisciplinarias UCH y propone dos organismos en materia de investigación para apoyar y complementar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contribuyendo a minimizar los efectos socio-ambientales negativos de distintos proyectos de inversión.
En mayo de 2022 fue promulgada la Ley Marco de Cambio Climático (Nº 21.455), la cual plantea hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, tales como la pérdida de biodiversidad, fomentar el uso de energías renovables, las olas de calor, entre otros. En este contexto, Chile se propuso el objetivo de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050.
Con el Ministerio de Medio Ambiente, como la principal autoridad en la materia, esta ley establece distintos principios con los cuales se deberán ejecutar las políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos para alcanzar dicha meta. Entre ellos, se encuentra el principio científico, el de participación ciudadana, territorialidad y transparencia, entre otros.
Bajo este escenario, el Policy Brief “Co-creación de conocimiento para minimizar impactos socio- ambientales y viabilizar la inversión: nueva normativa aplicable a una desalinización sustentable”, propone la creación de un Comité Asesor de Investigación Asociativa y de un Equipo de Investigación interdisciplinaria con representantes de diferentes grupos de interés. Esto, en respuesta al planteamiento de que la normativa vigente no ha podido evitar en un 100% los conflictos socio-medioambientales.
